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Artistas independientes: la mentira tarifada desde 1961

Artistas independientes: la mentira tarifada desde 1961
JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ | La Habana | 7 de Julio de 2016 – 08:15 CEST.

“En Cuba solo son independientes los proyectos financiados por el
enemigo.” El autor de esta afirmación es subdirector municipal de
cultura en la provincia Cienfuegos, y utilizó este argumento para
coartar la peña de música alternativa Kbolá, espacio organizado y
coordinado, desde el año 2012, por un joven antropólogo.

Tiene toda razón el subdirector. Dentro de la Isla solo es permitida una
opción para legitimar tanto al artista como a su obra: la pertenencia o
alianza con las instituciones oficiales. Estar al margen de estas
alianzas, y de las cuotas de libertad que allí se puedan pactar, es
exponerse al silencio civil y creativo, o a ser clasificado de
mercenario, becario “de las agendas enemigas”.

Entrevistado por el portal oficialista CubaSí, el 4 de diciembre de
2011, Abel Prieto —exministro de Cultura y asesor cultural del general
Raúl Castro— expresaba que “lo llamado alternativo; es decir, lo que se
hace en términos de arte fuera de las instituciones, si es auténtico, si
tiene valor, debe tener un espacio en nuestra política cultural […]. La
frontera no está en los contenidos de una u otra obra, en un mensaje o
en otro, sino en recibir dinero de nuestros enemigos”.

A mediados de 2014, en las conclusiones de una conferencia celebrada en
el Salón de Mayo —sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz (AHS)—
ese mismo dirigente ratificaba que “la política cultural nunca será
definida por manos privadas”.

Lo dicho por ambos funcionarios, subdirector y exministro, carece de
toda originalidad. No tiene más virtud que su alineación con aquel
discurso de Fidel Castro en junio de 1961 —conocido como “Palabras a los
intelectuales”— que sirviera para establecer, entre otras
parametraciones, la censura política sobre el arte.

Es en aquel mismo discurso donde se origina toda definición del régimen
en cuanto a política cultural y, en lo adelante, los límites a obedecer
por escritores, artistas e intelectuales cubanos. El edicto no dejaría
lugar a dudas: “dentro de la Revolución todo; contra la Revolución nada”.

El efecto de “Palabras a los intelectuales” fue implantar, con eficacia,
la desconfianza entre los artistas, escritores e intelectuales. Y no
solamente en cuanto a la prudencia ante futuras relaciones con “la
Revolución” y con sus instituciones, sino a la desconfianza hacia su
propia urgencia o “capacidad de crear”. Es decir, en este discurso
quedaba zanjada, para toda posteridad, la cuestión de que no sería ni
será legitimado como artista aquel autor que no perteneciera —en alianza
o en compromiso total— a las instituciones sujetas a la política
cultural definida por el régimen y controladas por sus paladines.

Organizaciones Sí Gubernamentales

En el dilema actual sobre la restauración y empoderamiento de la
sociedad civil en Cuba, se replantean cuestionamientos legítimos
respecto de cuáles instituciones, organizaciones o asociaciones
pertenecen realmente en su contenido y praxis a la sociedad civil. Es
decir, con vocación de independencia ante la hostil intervención del
Estado, o regidas por los principios que definen a toda Organización No
Gubernamental (ONG).

En el caso que nos ocupa —de carácter expositivo, más que de apurar
conclusiones— se toman como referentes los estatutos de dos
instituciones que enuncian tener, como objetivos y fines, “estimular,
proteger, enriquecer y defender la creación intelectual y artística”: la
AHS y la Unión de Escritores y Artistas (UNEAC).

Estas dos organizaciones reconocen, en las líneas generales de sus
estatutos, “la orientación política del Partido Comunista de Cuba como
fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. Aseguran más
adelante que sus finalidades “se sustentan en los principios de la
política cultural de la Revolución Cubana, definidos en la Constitución
de la República de Cuba […], y de manera efectiva contribuyen en la
formulación, puesta en práctica y expresión de dicha política como
contribución al desarrollo integral de la nación”. Ambas subrayan además
como “órgano de relación al Ministerio de Cultura (MINCULT)” que es, a
su vez, “un organismo de la administración central del Estado”.

Entonces, ¿pueden ser consideradas la AHS y la UNEAC —por sus
principios— como ONG? ¿Pueden ser consideradas estas instituciones —por
su praxis— como organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué estatus posee
un artista, escritor o intelectual, que no sea miembro de estas
organizaciones?

Es sumamente importante considerar que el régimen, a través de
instituciones artísticas y culturales, revistas, premios, plataformas de
pensamiento y debate, llega a facturar un asfixiante control sobre todos
los espacios de legitimación y trascendencia artística. El partido
único, además de propietario absoluto de los medios y herramientas de
producción, prensa y tecnología, también decreta el almanaque
sociocultural y artístico. Decide sobre cuáles temáticas discutir,
durante cuánto tiempo y quiénes pueden participar.

Desde Esquife hasta Rotilla

El 10 de diciembre de 2014, día mundial de los Derechos Humanos, The
Associated Press (AP) publicaba un reportaje donde se acusaba a varios
raperos cubanos de ser “patrocinados” por Creative Associates
International —programa adscrito a la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)— con el objetivo de provocar “un
movimiento juvenil contra el régimen de la Isla”.

Lejos de revelar supuestas operaciones encubiertas con propósitos
injerencistas de Estados Unidos a través de la USAID, el reportaje de AP
—la misma agencia de prensa que tuvo cooperaciones formales con el
régimen de Hitler en la década de 1930— propiciaba al régimen cubano un
arma blanca para legitimar, y posteriormente justificar, acciones
abiertamente represivas.

A ojos del PCC, este conjunto de artistas, escritores, intelectuales,
periodistas, activistas, eventos, publicaciones y agrupaciones —con
capacidad y talento para gestar estados de opinión dentro de la sociedad
civil—, podía convertirse en una masa crítica, similar al movimiento
Otpor que derrocara al presidente serbio Slobodan Milosevic en el año 2000.

Pero antes del reportaje de AP, los muros de censura y los márgenes de
represión se establecían más allá del movimiento rapero. Se extendían a
todo el tejido de la sociedad civil que intentara vincularse, o
identificarse, en torno a expresiones o discursos contestatarios.

Con el arresto de un grupo de periodistas y artistas independientes,
activistas civiles e intelectuales —impidiendo su participación, el 6 de
noviembre de 2009, en una marcha a favor de la no violencia— se iniciaba
una suerte de “guerra civil” entre el conjunto de artistas y proyectos
con capacidad de generar estados de opinión ciudadanos y las
instituciones controladas por el régimen.

A los intentos para desactivar la décima edición del festival Poesía sin
Fin —gestado por el colectivo Omni Zona Franca— y desbancar el evento
“Medios Digitales y Cultura”, convocado por la revista Esquife en
celebración de su décimo aniversario, se sumaron otros actos de
represión que ocurrieron durante los últimos meses de ese mismo año, y
que serían denunciados, en carta abierta, por la Cátedra de Pensamiento
Crítico Haydee Santamaría.

Dos puntos climáticos, que evidenciaron la intención de desactivar
cualquier conducta contraria “a las tradiciones culturales, patrióticas
y éticas de la nación”, se manifestaron mediante la cancelación
definitiva de Rotilla Festival, incluyendo la represión y asedio contra
integrantes del grupo productor Matraka que organizaba este evento. A
este colectivo, la policía política le había abierto, años antes, un
expediente que incluía un prontuario de lujo: su vinculación o supuesto
financiamiento desde Exit Festival y por consiguiente, según la lógica
del régimen, desde Otpor y la USAID.

El otro suceso se manifestaría con la represión al público durante la
presentación del documental Revolution, del realizador Mayckell Pedrero,
en la octava edición de la Muestra de Jóvenes Realizadores, evento
auspiciado por el ICAIC y la AHS. El motivo del acto represivo era
simple: Revolution es un documental que trataba sobre Los Aldeanos,
quizás el grupo de rap más censurado en la Isla.

Los premios alcanzados por el documental Revolution avalaron no solo la
calidad estética del material, sino que además dejaron en evidencia la
verdadera naturaleza de la censura, a pesar de que la frontera
establecida para ser sometido a ella, según la lógica de Abel Prieto,
estaba “en recibir dinero del enemigo”.

Un sinnúmero de incidentes, entre 2009 y 2015, que resultaron en actos
represivos y mecanismos de censuras y exclusión, se sucedieron contra
artistas independientes, e incluso se extendieron contra otros creadores
y expresiones que, en alianzas o auspiciadas por instituciones,
intentaban desmarcarse dentro de estas de las mordazas impuestas por la
política del MINCULT.

Dentro de las instituciones

Dentro de las instituciones, creadores, agrupaciones y proyectos que
integran sus catálogos, son censurados por una caterva de tecnócratas
cuyas únicas credenciales a mostrar son la mediocridad, la fronteriza
interpretación de la propia política cultural y su militancia en el
partido único. Sin embargo, es justo señalar aquí la emergencia de una
concientización, por parte de los artistas, de confrontar e impugnar las
líneas partidistas impuestas al arte y la cultura.

El 25 de octubre de 2013, las agrupaciones rockeras del catálogo de la
Agencia Cubana de Rock redactaron una carta de rechazo —circulada en las
redes sociales bajo el título “El costo de rockanrolear en Cuba”— donde
consideraban que “Blanca Recode Hernández como directora de la Agencia,
está alineada a conceptos totalmente alejados de los intereses del
movimiento rockero cubano, a pesar de su política de ‘puertas abiertas’.
Nos recuerda con sus actos y con sus discursos panfletarios, a los
burócratas del Quinquenio Gris […]. Por tanto, y considerando que es
imposible una reconciliación entre su dirección, las agrupaciones que
conforman el catálogo y de los trabajadores fundadores de la Agencia y
de su sede, exigimos que sea sustituida de sus funciones; recomendado
para ello a personas más cercanas a la historia rockera cubana”.

Una representación de los firmantes, se personaría ante la presidencia
del Instituto Cubano de la Música (ICM) y el MINCULT, logrando que
finalmente la funcionaria fuese sustituida por la personalidad más
respetada en el movimiento rockero: María Gattorno.

Otro capítulo, conocido como “los hechos de F y 15”, sería protagonizado
por los organizadores de Puños Arriba el 10 de diciembre de 2013. Más de
50 personas, entre artistas, realizadores y activistas, emplazaron a la
sede del ICM, impugnando la complicidad de la Agencia de Rap para
desestabilizar la gala de premiaciones del evento. En un documento
posterior a estos hechos, el comité organizador expresaba que “Puños
Arriba ya no es un evento independiente, ahora es el único festival
nacional totalmente independiente […] para que gane la cultura universal
así como el derecho incondicional a la creación artística”.

Entre las varias identidades que distinguen a la praxis institucional
sobresale la formulación de “respuestas administrativas ante cuestiones
ideológicas”. La cancelación definitiva de la revista Movimiento en
febrero de 2014 resulta ejemplar. Subvencionada por la Agencia de Rap,
Movimiento era la única revista dedicada al rap cubano. En sus 11
ediciones había sostenido un relato crítico sobre “temas heréticos como
el racismo, el machismo, la homofobia, la marginalidad, la situación
sociocultural, el civismo, y la hipocresía política”.

La justificación de la dirección de la Agencia de Rap para su
cancelación fue “la depresión del presupuesto para sostener esta
publicación semestral, añadiendo la escasa venta de los ejemplares que
impide recuperar un mínimo de las inversiones permitidas para su impresión”.

Bajo la notificación oficial de “no reportar ingresos a la empresa”, los
músicos Soandry del Río —Hermanos de Causa— y Raudel Collazo —Eskuadrón
Patriota—, fueron expulsados de la Agencia de Rap en abril de 2014,
inmediatamente después de participar junto a David D’Omni, Silvito El
Libre, El Aldeano y Gorki Águila, en un concierto realizado en la VII
Cumbre de las Américas auspiciado por Cuban Soul Foundation y la
Asociación Pro Arte Libre.

Al respecto, Soandry expresaría que “la justificación de no ingresar es
una salida burda y desesperada; típica del Gobierno. Ningún grupo del
catálogo ha ingresado dinero por la simple razón de que las
instituciones culturales coartan la realización de los conciertos de rap
[…]. De algún modo estoy de acuerdo con esta expulsión pues ahora soy un
negro libre”.

Un año más tarde, el 25 de mayo de 2015, varios raperos —miembros del
catálogo de la Agencia Cubana de Rap— redactaron y enviaron una carta al
ministro de Cultura, Julián González Toledo, donde denunciaban entre
otras cosas, “que la Agencia para lo único que ha sido efectiva es para
contribuir al deterioro progresivo del rap cubano tanto dentro como
fuera de la Isla”.

Este documento nunca obtuvo respuesta alguna, ni siquiera “administrativa”.

Control y legitimación

Los mecanismos de legitimación —y distribución de libertades— tanto para
los discursos estéticos como para los espacios de discusión, son
patrocinados por la UNEAC, la AHS, el ICM, los consejos nacionales de
Artes Escénicas (CNAE) y Artes Plásticas (CNAP), el Instituto del Libro
(ICL) y la Oficina Nacional de Diseño (ONDI), por solo citar las
instituciones que más peso tienen para definir quiénes merecen
“propiciar formas de contacto y diálogo entre los escritores, artistas y
el público” y cuáles obras artísticas y literarias se ajustan “para dar
a conocer en todo el mundo la identidad y los valores ético-culturales
atesorados por la nación cubana”.

Al tiempo que artistas del mundo entero, consagrados al tatuaje, al
graffiti o al body painting, son reconocidos por la expresión estética
de sus obras, en la Isla no son legitimados como creadores, salvo en
casos muy excepcionales, en las instituciones encargadas de definir los
destinos de las artes visuales.

El valor estético del tatuaje apenas es atendido por la AHS, y en todo
caso siempre que el creador avale su obra con una “expresión tradicional
de las artes plásticas”. Toda vez que un artista del tatuaje cumple 35
años de edad —límite para ser miembro de esta organización— ninguna otra
institución subordinada al CNAP admite la membresía del artista a su
catálogo.

A principios del año 2015 un grupo de tatuadores —que por edad ya no
pertenecían a la AHS— iniciaron un proceso de tramitación ante el
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con el fin de obtener,
al menos, una licencia para ejercer su oficio legalmente. La solicitud
fue denegada, y ante la insistencia de los artistas, con abogado
mediante, un funcionario de este ministerio les advertiría que “de
insistir, el asunto sería catalogado de contrarrevolución”.

Incluso aquellas instituciones que fueron creadas con el propósito de
agrupar (y controlar) a géneros artísticos específicos, como las
Agencias de Rap y de Rock, enfrentan la desatención y el “ninguneo”.
Desde mediados de noviembre del pasado año, la Sala Maxim, sede de la
Agencia de Rock, fue cerrada con el pretexto de someterla a
“reparaciones capitales”. Los músicos y el público incondicional de este
género temen que esta “justificación administrativa” sea la segunda
edición del cierre de un espacio rockero. (En octubre de 2003, fue
cancelado el proyecto Rock & Sida y su emblemática sede, el Patio de María.)

No fueron pocos los que apostaron por una flexibilidad del régimen
cubano después del 17 de diciembre de 2014. Resultaba lógico pretenderlo
ante el anuncio de un cambio en las relaciones entre Cuba y EEUU. Se
soñaron cambios en la economía, cambios en la política exterior, cambios
en su relación con las zonas opositoras y defensoras de los Derechos
Humanos, cambios en el modo en que el partido único entiende y asume el
arte y la cultura, cambios en la relación de las instituciones y los
artistas.

Quienes apostaron por esos cambios, simplemente perdieron.

Freemuse, la ONG danesa especializada en los derechos fundamentales de
los artistas, ubicaba a Cuba, en el año 2015, en el décimo puesto de la
lista de regímenes donde la libertad artística es censurada y
encarcelada en nombre de la moral pública y los intereses de Estado. Un
puesto bien ganado si se toma en cuenta los actos de represión y
encarcelamiento contra Ángel Santiesteban, Tania Bruguera, Gorki Águila
y El Sexto, por citar solamente unos pocos ejemplos de entre los más
significativos del periodo.

Al régimen cubano poco le importan los artistas y el arte; solo le
importan las instituciones y la optimización de sus mecanismos de
trasmisión de control ideológico y político.

“El derecho al ejercicio del criterio, a la libertad de creación, a la
crítica, al debate y a la polémica” que la UNEAC defiende en las
disposiciones generales de sus estatutos, es una mentira tarifada.
Tarifada, oxidada, y siempre vencida por los desmanes de aquella fórmula
que, desde junio de 1961, acabaría siendo la verdadera política cultural
cubana: “contra la Revolución nada”.

Source: Artistas independientes: la mentira tarifada desde 1961 | Diario
de Cuba – www.diariodecuba.com/cuba/1467849721_23652.html

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