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Mujer negra, ¿doble o triple discriminación?

Mujer negra, ¿doble o triple discriminación?
LARITZA DIVERSENT | La Habana | 31 Jul 2015 – 8:36 am.

En la Cuba actual, peor que ser negro es ser negra. Y peor aún, ser
negra y pobre. Y peor, negra, pobre y disidente.

En Cuba existe un mito según el cual no hay racismo porque “todas las
razas y culturas se fundieron para siempre en una síntesis feliz”.

Sin embargo, la realidad muestra que la invisibilización aumenta y se
perpetúa la concepción de las “democracias raciales”.

La invisibilización de las necesidades de los afrodescendientes, sumada
a la continuidad de estereotipos y prejuicios, contribuye a perpetuar
situaciones históricas de segregación y exclusión, racismo y
discriminación racial. En particular las mujeres afrodescendientes
enfrentan importantes obstáculos para el goce y ejercicio de sus
derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.

En la Isla, según datos oficiales, los hombres y mujeres de origen
africano constituyen una minoría. Sin embargo, la percepción general es
que la información oficial no refleja la realidad en cuanto al
equilibrio de razas.

En el Censo realizado en 2002, la población cubana ascendía a 11.177.743
habitantes. De estos, el 65% fue catalogado de blanco, el 10,1% de negro
y el 24,9% de mestizo. En 2012 los negros disminuyeron: los hombres en
un nueve por ciento y las mujeres en un ocho. El Estado reconoce que
esta tendencia a la disminución se aprecia desde 1981, momento en que
los negros constituían un 12% de la población. Actualmente son el 9,26%.

Hasta la fecha no existe información oficial que explique esta
tendencia. Los motivos pueden ser varios. El primero estaría relacionado
con la autoidentificación. No existe la variable “afrodescendencia” como
categoría censal. Tampoco preguntas que permitan identificar la
ascendencia y pertenencia de la población afrodescendiente.

Los datos oficiales no distinguen entre la etnia y la raza. Están
enfocados en la identificación personal, basada en el “color de la
piel”, que fomenta las desigualdades sociales.

Los encuestadores actúan directamente según su propio criterio y sin
preguntar a los entrevistados, por considerar la cuestión poco
importante u “ofensiva”. No tienen en cuenta el impacto del color de la
piel en las respuestas.

Al mismo tiempo, el Estado no desarrolla campañas de concientización y
capacitación sobre las categorías de autoidentificación, que incentiven
a la población afrodescendiente a autoidentificarse, ni sensibiliza a
los encuestadores en este tema.

Respecto al color de la piel, en los censos se ofrece información
solamente sobre el sexo, la edad, estado civil, zona de residencia y
población activa o no económicamente.

Es imposible saber por los datos del último censo, qué porciento de
profesionales en el país son negros, en qué región, provincias,
municipios y barrios están concentrados.

Las cifras son fundamentales; visibilizan la situación y constituyen una
forma de reconocimiento frente a los otros. Permiten el diseño y
adopción de políticas públicas teniendo en cuenta necesidades concretas.
Sin datos confiables, sin indicadores y mediciones periódicas, es
imposible tomar decisiones políticas destinadas a enfrentar el problema
de la discriminación.

La tendencia actual es que la población mestiza aumente. Entre 1981 y
2012, lo hizo un 4,62%, mientras la negra disminuyó en un 2,74% y la
blanca en un 1,88%.

Perfiles raciales

¿Cómo identificar perfiles raciales y el sesgo racial en el sistema de
justicia criminal, y estrategias para eliminarlos, como mecanismo
selectivo y discrecional de detención e investigación, que en Cuba
continúa siendo una práctica extendida y afecta directamente a la
población afrodescendiente?

La práctica de racial profiling o establecimiento de perfiles raciales
como una “acción represora” se adopta por supuestas razones de seguridad
o protección pública y está basada en estereotipos de raza, color,
etnicidad, idioma, descendencia, religión, nacionalidad o lugar de
nacimiento, o una combinación de estos factores, y no en sospechas
objetivas. Esta práctica tiende a singularizar de manera discriminatoria
a individuos o grupos con base en la errónea suposición de la propensión
de las personas con tales características a la práctica de determinado
tipo de delitos.

El establecimiento de perfiles raciales comprende la práctica de los
agentes de policía y otros encargados de hacer cumplir la ley, de
basarse en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o
étnico como motivo para someter a las personas a actividades de
investigación o para determinar si realizan actividades delictivas.

La población afrodescendiente es más susceptible de ser sospechosa,
perseguida, procesada y condenada. Es común la detención selectiva de
personas de piel oscura a partir de la utilización de perfiles raciales,
vigilancia policial injustificada e interacciones negativas con la
policía, así como tasas de arrestos desproporcionadas y
sobrerrepresentación de personas de origen africano en el sistema de
justicia penal.

A lo anterior contribuye la falta de información al respecto por parte
las personas detenidas por la policía (y falta de autoidentificación), y
que cuanto mayor es la discrecionalidad del agente, mayor es la
utilización de estereotipos.

Las personas de piel oscura, especialmente jóvenes, invierten
importantes sumas de dinero en su apariencia y vestimenta, con el objeto
de evitar interacciones negativas con las agencias de seguridad. Estas
ejercen un control más intenso sobre ellas que sobre personas de piel
blanca, mediante el requerimiento de documentos de identificación y la
realización de requisas, principalmente por el establecimiento del
perfil del “individuo sospechoso”, generalmente joven del sexo masculino
y afrodescendiente.

La policía mantiene la noción de “individuo sospechoso” y utiliza
categorías construidas en base a la “intuición”, la “experiencia”, el
“olfato” o “el porte de cara”. También existe el etiquetamiento según el
cual las duras condiciones de vida que deben afrontar las personas
negras, les haría más proclives a cometer delitos, principalmente
delitos contra la propiedad.

Acceso a la justicia

La ausencia de mecanismos de denuncia, garantías judiciales, reparación,
y la falta de sensibilidad de los operadores de justicia (ya sean
administrativos o judiciales) en relación con la discriminación racial,
contribuye a la persistencia del racismo en la Isla, profundiza la
resignación por parte de los grupos discriminados y perpetúa patrones de
segregación y exclusión.

El Gobierno no reporta denuncias o casos de discriminación. Esto
demuestra la falta de conocimiento de sus derechos por parte de las
víctimas, su falta de confianza en la policía y/o autoridades
judiciales, y la falta de atención o sensibilidad por parte de las
autoridades judiciales hacia situaciones de discriminación

Esta ausencia de registros de discriminación racial evidencia que tales
casos no llegan a conocimiento de la justicia, ni han sido tratados por
los tribunales, y denotan los obstáculos en el acceso a la ley y la
ausencia de garantías judiciales efectivas para la población de piel
oscura. Es común que las autoridades utilicen manifestaciones
improcedentes y discriminatorias contra estas personas.

En materia de agravios y comentarios discriminatorios, existe una
tolerancia total en los medios de comunicación y centros recreativos,
donde se usa y abusa de los “chistes de negros”, bromas y comentarios
racistas.

No existe una vía judicial para su protección, como consecuencia de un
proceso de “resignación frente a la injusticia, histórica y endémica”,
ya que “no existe una devolución de los procesos de denuncia que
implique un fallo al denunciante”.

En la falta de confianza de las personas afrodescendientes en el sistema
de justicia, influyen los obstáculos en el acceso a los tribunales para
el impulso de causas por el delito de racismo: el insulto racista, sin
estar encuadrado en la ley, queda impune en la mayoría de los casos.

En general, la policía se niega a recibir y asentar este tipo de
reclamos, por considerarlos poco relevantes. Existen además cuestiones
de dificultad probatoria y falta de investigación adecuada, falta de
tipificación o adecuación normativa.

La misma actitud se replica a nivel judicial, en la medida en que las
autoridades judiciales no tramitan de oficio denuncias de
discriminación, ni se encuentran dispuestas a recibir este tipo de
denuncias.

Situación de la mujer afrodescendiente

La situación de racismo en Cuba afecta de manera especial a las mujeres
afrodescendientes, que históricamente han sufrido una triple
discriminación en base a su sexo, su pobreza extrema y su raza. Aunque
esta es una realidad presente a lo largo de la historia de nuestro país,
durante los últimos 50 años se enterró bajo una supuesta equidad. Las
necesidades especiales de las mujeres negras —unidas de manera
indivisible a otros factores como la religión o las creencias, la salud,
el estatus, la edad, la clase, la orientación sexual y la identidad de
género— han sido totalmente ignoradas a la hora de adoptar políticas
estatales, alimentando formas contemporáneas de racismo y prejuicio
racial en la sociedad.

Esta discriminación afecta de manera especial a las mujeres
afrodescendientes. Las estadísticas demuestran que son aún más pobres y
tienen menores posibilidades de acceso a vivienda, salud y educación que
los hombres blancos, los afrodescendientes y las mujeres no
afrodescendientes, y que poseen aún menos posibilidades laborales y de
participación política.

La comunidad afrodescendiente en su conjunto vive en las regiones más
pobres, pero el peso de la discriminación es aún mayor para las mujeres
de ascendencia africana debido a que sus múltiples papeles, tanto dentro
como fuera del hogar, no se reflejan adecuadamente en su posición
social, en su empleo y en su salario. En comparación con el resto de las
mujeres se encuentran notoriamente subrepresentadas en las instancias de
decisión, de manera que “en la esfera política, solo un minúsculo número
de mujeres afrodescendientes ha logrado obtener posiciones de poder”.

No existen estudios que contrasten la situación entre las mujeres
blancas y las mujeres afrodescendientes.

Casos concretos

Laura Masa: mujer afrodescendiente de 50 años, madre a cargo de un hijo
con esquizofrenia paranoide. Reside en el reparto El Morado, municipio
La Lisa, provincia La Habana, desde 1990. Su casa, en pésimo estado
constructivo, tiene paredes de madera, piso de tierra y techo de
fibrocemento; está compuesta de una habitación múltiple (dormitorio y
cocina) sin servicio sanitario, en estado de deterioro con peligro de
derrumbe.

Las autoridades conocen su situación y recomiendan la construcción de
una vivienda desde la fase de inicio para evitar accidentes. Han
trascurridos 25 años de sus reclamos de ayuda al Estado. En agosto de
2014, Masa solicita a las autoridades que la reconozcan como propietaria
del terreno que ocupa y la beneficien con un subsidio para construir.
Hasta el momento no ha recibido respuesta y su caso empeora. El servicio
de agua potable le es denegado por no poseer la propiedad de su inmueble.

Yurliani Tamayo Martínez: mujer afrodescendiente de 33 años, madre de
dos niñas. Vive en una escuela con peligro de derrumbe, en el municipio
10 de Octubre, sin instalación hidráulica ni sanitaria, con
filtraciones, tuberías albañales rotas, ratas, cucarachas y mosquitos.
Escribe a las autoridades, pero no hay viviendas disponibles y por lo
visto existen casos peores.

En 2010, un día después de pasar el ciclón Gustav, penetra en una
vivienda cuyos moradores han abandonado el país. Funcionarios y policías
intentan sacarla bajo amenazas de agresión física, “por los pelos y a
patadas”. El acoso continúa, Tamayo Martínez teme que al salir a la
calle, tomen por la fuerzas a sus niñas para forzarla a entregar la
vivienda.

El 9 de abril del 2010, a las 4:00 am, duerme con sus hijas de cuatro y
un año respectivamente. Un estruendo asusta a la más pequeña. Comienzan
a gritar. Han cortado la electricidad. Un hombre le dice, “abre que es
tu primo Noslen”, pero ella no tiene ningún familiar con ese nombre.
Toma a las pequeñas en brazos. En vano intenta impedir con su cuerpo que
derriben la puerta.

Por el balcón entran dos policías uniformados. Un hombre vestido de
civil la arrastra por un pie, mientras los otros permiten la entrada de
una oficial que le arranca de los brazos a sus niñas, a pesar de los
gritos. La sacan por los pelos. Tras ser inmovilizada, Tamayo Martínez
no puede ver, pero siente un pie presionando su cabeza mientras le
gritan obscenidades. Una mano le aprieta el rostro. Instintivamente
muerde un dedo. De un puñetazo le aflojan un diente.

La levantan del piso por las esposas y la sacan junto a sus hijas al
pasillo, en paños menores y descalzas. Las bajan por las escaleras y la
montan a ella en el auto patrullero. La mujer policía junto la abofetea
mientras la ofende. Arrancan a toda velocidad, pero un centenar de
metros después se acuerdan de que han dejado a las niñas semidesnudas en
la frialdad de la madrugada. Regresan. Las toman rápidamente y las
lanzan dentro del auto. Una cae con los bracitos hacia atrás y la otra
boca abajo. Gritan entre llantos, reclaman a su madre mientras la
oficial les dice “están presas”.

Después de 12 horas las llevan al médico. La mayor de las niñas y Tamayo
Martínez tienen contusiones. Como no tienen adonde ir, amenazan a Tamayo
Martínez con llevar las niñas a un hogar sin amparo filial y a ella, a
una prisión. Su familia tiene que responsabilizarse por ellas. Regresan
al hospital al siguiente día. El ortopédico diagnostica una fractura en
el codo y una contusión en el hombro. Continúan los dolores, una
fractura en la segunda vértebra de la unión de la columna con la
cervical pone en peligro su vida.

Yaumara Brown Surit: mujer afrodescendiente de 33 años. El 7 septiembre
a las seis de la mañana es desalojada por funcionarios de la Dirección
Municipal de la Vivienda acompañados de la Policía Nacional. Rompen la
puerta a punta de pie y la desalojan con sus dos pequeños hijos. Hay
violencia y malos tratos por parte de las funcionarias estatales
actuantes. Brown Suri resulta detenida junto a los niños, Sheyla y
Maykel Valdivia Brown, de 11 y cuatro años de edad, que presencian la
arbitrariedad de los funcionarios de Vivienda y la Policía.Ahora Sheyla
no quiere salir a jugar por temor a dejar a su mamá y que algo suceda;
presenta síntomas de regresión, se despierta asustada y con pesadillas,
pierde el control del esfínter vesical, recibe tratamiento psiquiátrico
por trastorno adaptativo ansioso.

Niurka Pérez Carbó, mujer afrodescendiente de 60 años, con cardiopatía
isquémica, madre de un recluso. El 18 de noviembre de 2013 es agredida
en la propia estación policial al intentar impedir la detención de su
hijo. El carpeta la agrede con el dorso de la mano, más tarde se suman
varios policías. La empujan, la halan de los pelos y los brazos, la
golpean en los senos y el cuello y le dan patadas. Una agente le aplica
una técnica en el brazo izquierdo y le provoca la fractura de cabeza del
radio.

María Isabel Rodríguez, madre de un recluso que desde su adolescencia ha
sido blanco de vigilancia policial injustificada, debido a que varios
miembros de su familia han sido juzgados. Su hijo es procesado por
peligrosidad predelictiva, por conducta antisocial, a ir directo del
trabajo a la casa durante tres años. La autoridad policial local,
insatisfecha, continuó acosándolo.

María Isabel Rodríguez le dice al oficial que es un mentiroso y está
faltando a la ética profesional. Este alega que su hijo le ha dicho
corrupto y resulta detenido. Ella lo acompaña, y asume la
responsabilidad, pero su hijo se autoinculpa y pide que dejaen tranquila
a su madre. Entonces es trasladado a un calabozo por dos agentes.

María Isabel Rodríguez trata de impedir que se lo lleven cuando el
capitán Jorge Luis le da un piñazo por el pecho, diciéndole que se calle
la boca, y el Jefe de Sector le a otro golpe en el mismo lugar. Ella
pregunta por qué le pegan, si ha dicho la verdad, que el Jefe de Sector
es un corrupto. Es entonces cuando le levantan una denuncia por
desacato. Ella no quiere firmar y le toman la mano a la fuerza y marcan
su huella dactilar en el acta. Le ponen a su hijo 1.000 pesos de fianza.
Ella también quiere hacer una denuncia contra el Jefe de Sector por
tanta amenaza, pero una oficial le pregunta si está loca: “cómo voy a
levantar una denuncia contra nosotros mismos”.

Mujer, negra, pobre y… disidente

Los disidentes, según el Gobierno, son personas de bajo nivel. Pero si
se trata de una mujer afrodescendiente, entonces es conflictiva,
grosera, vulgar e irrespetuosa de las autoridades. Madelaine Lázara
Caraballo Betancourt, de 45 años de edad, y Sonia Garro Alfonso, de 39,
mujeres negras y disidentes, fueron procesadas penalmente. Ambas residen
en zonas donde predomina la población afrodescendiente.

En ambos casos, al momento de la detención las autoridades emplearon una
fuerza excesiva. Ambas mujeres fueron caracterizadas como “guaposas,
problemáticas”, que se reunían con personas de pésima conducta social,
para “manifestarse en contra del Gobierno”. Con el objetivo de
estigmatizarlas, contextualizaron los hechos literalmente con frases
obscenas y lenguaje que no se emplea generalmente en las conclusiones
provisionales de los fiscales.

Por su parte, Madelaine Lázara Caraballo Betancourt, portadora de
VIH-SIDA, fue juzgada por Desorden Público, Desobediencia y Resistencia.
En la tarde del primero de octubre de 2012, trató de impedir el desalojo
de su familia. Su hija, con sus nietos menores de edad, habían penetrado
en una ciudadela abandonada e inhabitable, en la Habana Vieja. Según las
autoridades, ella comenzó a gritar obscenidades y lanzó una escupida que
“impactó el pecho” de un oficial. Se aferró a una reja en la entrada de
la edificación. Los agentes la separaron a golpes, provocándole un
traumatismo en el hombro izquierdo. Madeleine cumplió casi dos años de
prisión en el centro Penitenciario de San José de Las Lajas, Provincia
Mayabeque, para portadores de VIH-SIDA.

Referencias

Arrieta, L. C. (15 de mayo de 2013). Conclusiones Provisionales del
Fiscal contra Lázara Madelaine Caraballo Betancourt. La Habana, Cuba.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos . (5 de diciembre de 2011).
Situación de las Personas Afrodescendientes en las Américas . Washington
D.C., Estados Unidos de América.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. (20 de enero de
2010). Informes periódicos 14º, 15º, 16º, 17º y 18º que los Estados
partes debían presentar en 2007-República de Cuba. Informes presentados
por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la
Convención. Naciones Unidas , Ginebra, Suiza.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. (15 de diciembre
de 2011). Informes periódicos 14º a 18º de Cuba (continuación)- Acta
resumida de la 2056ª sesión. Examen de los informes, observaciones e
información presentados por los Estados partes de conformidad con el
artículo 9 de la Convención (continuación). Naciones Unidas, Ginebra,,
Suiza.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. (2 de noviembre
de 2011). Informes periódicos 14º a 18º de Cuba-Acta resumida de la
2055ª sesión. Examen de los informes, observaciones e información
presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la
Convención (continuación). Naciones Unidas, Ginebra, Suiza.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. (8 de abril de
2011). Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial- Cuba. Examen de los informes presentados por los
Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención.
Naciones Unidas, Suiza.

Oficina Nacional de Estadisticas. (septiembre de 2005). Censo de
Población y Vivienda-2002. Cuba.

Oficina Nacional de Estadísticas. (2013). Censo de Población y Vivienda
2012. Cuba.

Pérez, L. V. (7 de agosto de 2013). Conclusiones Provisionales del
Fiscal contra Sonia garro Alfonso. La Habana, Cuba.

Sentencia No. 415 , Causa No. 2018/2010 seguida por los delitos de
Atentado contra Yurleany Tamayo Martínez (Sala Quinta de lo Penal del
Tribunal Provincial de la Habana 30 de septiembre de 2010).

YEG, L. (21 de junio de 2010). Conclusiones Provisionales del Fiscal
contra Yurleanis Tamayo. La Habana, Cuba.

Source: Mujer negra, ¿doble o triple discriminación? | Diario de Cuba –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1438324616_16038.html

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