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Abogadas independientes denuncian en la ONU la violencia del Estado contra las mujeres

Abogadas independientes denuncian en la ONU la violencia del Estado
contra las mujeres
DDC | Madrid | 15 Jul 2013 – 5:30 pm.

En un informe, detallaron la desprotección ante la violencia doméstica,
la indefensión de las menores ante abusos sexuales y la especial
situación de las mujeres negras, homosexuales y disidentes.
“La brutalidad de los agentes policiales y de la Seguridad del Estado
(…) contra las mujeres disidentes es avalada por el Estado” y
“ejemplifica la violencia institucionalizada como medio para reprimir a
las mujeres opositoras”, dijeron las abogadas independientes cubanas
Laritza Diversent y Yaremis Flores en un informe presentado ante el
Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación
Racial contra la Mujer (CEDAW) la semana pasada.

Diversent y Flores incluyeron en su informe la desprotección de las
mujeres ante la violencia doméstica, la indefensión de las menores ante
abusos sexuales, las desventajas en el acceso al trabajo y la especial
situación de las mujeres negras y homosexuales, entre otros temas.

“En los centros de detención los agentes utilizan la violencia, la
ofensa y el agravio sexual como medio de represión” contra las mujeres,
dijeron las abogadas, que han sido víctimas de esas prácticas por sus
labores de denuncia de la situación de los derechos humanos en la Isla y
la asesoría legal que brindan a opositores y otros ciudadanos a través
del independiente Centro de Información Legal Cubalex.

A las disidentes “las encierran en calabozos sin condiciones higiénicas
(…) llegando incluso a compartir celdas con hombres”, dijeron en el
documento.

“En algunos casos las obligan a desnudarse o las desnudan por la fuerza,
las obligan a hacer cuclillas para verificar si tienen objetos en sus
genitales” y se ha reportado la denuncia de una opositora a la cual le
introdujeron “un bolígrafo en la vagina, bajo la justificación de que
buscan objetos de grabación”, añadieron.

Se refirieron, además, a las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, que
el organiza el régimen para reprimir a opositores, “incluso con el
empleo de la violencia”.

“Es absoluta la inacción del Gobierno respecto a las personas que
participan en los mítines de repudio contra las Damas de Blanco y otras
mujeres opositoras, actos que atentan contra el orden público, grupos
que se reúnen para promover odio contra los opositores del Gobierno y la
apología de la revolución socialista, a lo que se suman los medios de
comunicación, con campañas de descrédito de estas mujeres, que no tienen
oportunidad para ejercer su derecho a réplica”, criticaron.

Los órganos policiales, por su parte “no tienen reparos en golpeara una
mujer”, denunciaron las activistas. Recordaron que “han recorrido el
mundo las imágenes de policías y fuerzas paramilitares golpeando a
mujeres opositoras, en particular Damas de Blanco”.

“La condición sexual así como la afrodescendencia, son factores
predisponentes al maltrato institucional; lo que se ratifica al escuchar
comentarios despectivos y obscenos por parte de los funcionarios
estatales, incluida la violencia directa por parte de los agentes de la
Policía Nacional Revolucionaria”, dijeron.

Mencionaron asimismo los casos de varias mujeres detenidas por motivos
políticos, entre ellos el de la afrodescendiente Sonia Garro, presa
desde hace más de un año sin haber sido sometida a juicio.

Advirtieron que los disidentes sometidos a procesos judiciales no pueden
contratar abogados independientes, deben encomendarse a profesionales de
bufetes controlados por el régimen.

La violencia doméstica, amparada por la Policía

Diversent y Flores recogieron también en su informe a la CEDAW la
extendida violencia doméstica de la Isla, frente a la cual las mujeres
no cuentan con la protección de las leyes y de la Policía, que con su
actuación más bien ampara las acciones de los agresores.

“La ley penal no tiene definida la violencia doméstica y/o de género.
Tampoco esa conducta se contempla como agravante en los delitos como
asesinato, amenazas, coacción, lesiones y otros, cuando la víctima es
una mujer”, dijeron.

“Por lo general cuando las mujeres acuden a la estación policial a
formular denuncias por violencia (de sus parejas), no son admitidas por
los agentes, bajo el argumento que es la palabra de uno contra la del
otro”, indicaron.

“En la mayoría de los casos les imponen multas administrativas tanto a
la mujer como al presunto agresor, por el delito de desorden público,
para obligarlas a desistir de su empeño, o las amenazan con procesarlas
o dejarlas detenidas si vuelven a denunciar, porque ellos no están ‘para
bretes de mujeres’”, afirmaron las abogadas.

En otros casos, las autoridades “archivan la denuncia a solicitud de la
víctima, en delitos que son perseguibles de oficio (…) circunstancias
que derivan en situaciones de impunidad y riesgo para las mujeres”.

Diversent y Flores criticaron que en el país no existen instrumentos de
protección para las mujeres maltratadas como “la orden de restricción o
alejamiento”. Tampoco, “centros especializados para proteger y refugiar
a las mujeres víctimas de violencia”.

Recomendaron solicitar al Estado cubano estadísticas de los “crímenes
pasionales donde figuran las mujeres como víctima y las medidas para su
prevención”, y que se exija al Tribunal Supremo de la Isla “la cifra de
amenazas ventiladas judicialmente por motivos pasionales, y un
seguimiento de cuáles de esas amenazas devinieron crímenes”.

El Gobierno no suele publicar ese tipo de datos.

Desprotección de niñas y mujeres ante agresiones sexuales

Las activistas de Cubalex dedicaron otra parte de su informe a la
indefensión de las menores ante los abusos sexuales, la prostitución y
otras agresiones.

“En el país no existe una estructura adecuada para prevenir la trata de
personas y la prostitución y en consecuencia proteger a las mujeres y
niñas contra estos actos”, dijeron.

“En los delitos de violación, pederastia con violencia, abusos lascivos,
las niñas quedan desprotegidas en caso de que sea su representante legal
o la persona que tenga su guarda y cuidado, quien abuse sexualmente de
ellos, en especial aquellas que están internadas en instituciones
estatales”, alertaron.

La ley “exige para proceder desde el punto de vista penal, la denuncia
de la persona agraviada, cualquiera que sea su edad, su representante
legal o persona que la tenga bajo su guarda y cuidado, salvo en los
casos que hubieran producido escándalo, en los que basta la denuncia de
cualquier persona”, explicaron.

Por otra parte, las abogadas revelaron una alarmante cifra de
matrimonios de adolescentes en la Isla.

“En Cuba se fija como edad para contraer matrimonio, 16 años para el
hombre y para la mujer, 14 años, con autorización de sus padres, lo que
implica que dentro de la legislación y política del Estado se mantiene
la idea de que la mujer tiene un ritmo de desarrollo intelectual
diferente al del hombre, y que su etapa de desarrollo físico e
intelectual al contraer matrimonio carece de importancia”, indicaron.

“En 2009, contrajeron matrimonio 2.744 niñas entre 14 y 18 años de
edad”, detallaron las activistas. “Se casaron con 14 años, 59; de ellas
47 lo hicieron con hombres entre 19 y 34 años de edad y una con un
hombre de 54 años de edad. De las 172 que se casaron con 15 años de
edad, 153 lo hicieron con hombres entre 19 y 44 años de edad. De las 361
niñas casadas con 16 años, 322 lo hicieron con hombres entre 19 y 69
años de edad”, dijeron.

“La ley penal no ha criminalizado la tenencia de relaciones sexuales con
menores de edad ni es lo suficientemente clara y enérgica en reprimir
las relaciones sexuales con mujeres soltera mayores de 12 años y menores
de 16″, destacaron. Mientras, “las niñas que sobrepasan esta edad hasta
los 18 años, no encuentran protección penal efectiva en la legislación
ni en la práctica (…) son tratadas como mujeres adultas”.

La desprotección de las niñas, especialmente las que se encuentran entre
los 12 y 18 años de edad, las convierte en un grupo “especialmente
vulnerable a la explotación y abuso sexual con los consiguientes riesgos
para la salud” como las enfermedades de transmisión sexual, “embarazos
no deseados, abortos peligrosos, violencia y agotamientos psicológicos”,
afirmaron las activistas.

Prostitución

En cuanto a la prostitución, Diversent y Flores expresaron preocupación
por el hecho de que la ley cubana establece que las mujeres que la
ejercen pueden ser juzgadas bajo el cargo de “índice de peligrosidad por
conducta antisocial”, que el Gobierno suele utilizar para enviar a
prisión lo mismo a disidentes que a otros ciudadanos con conductas
contrarias a sus intereses.

Las abogadas señalaron que, tras cumplir sanciones, muchas mujeres
vuelvan a ejercer la prostitución, ante la falta de opciones.

“No existe ninguna disposición legal que reprima la demanda de la
prostitución ni campañas de concientización al respecto por parte de los
medios de comunicación a pesar de ser un fenómeno visible y tolerado
desde el punto de vista social”, dijeron.

El Gobierno suele negar la existencia de la prostitución en la Isla, una
práctica que se ha extendido, con el empeoramiento de la crisis
económica, desde los años noventa.

Las abogadas de Cubalex pidieron al comité de la ONU que solicite al La
Habana información sobre la cantidad de mujeres que han sido condenadas
por ejercer la prostitución. Además, que el Gobierno “identifique a las
mujeres que ejercen la prostitución, como víctimas, castigue la demanda
y no la oferta de servicio sexuales y brinde estadísticas sobre las
mujeres y niñas víctimas de explotación sexual”.

Mujer, negra y podre, la triple discriminación

Dentro del contexto en el que viven las mujeres cubanas, Diversent y
Flores resaltaron especialmente al situación de las afrodescendientes y
la calificaron de “crítica”.

“Cubalex considera (…) que han sufrido una triple discriminación
histórica, en base a su sexo, pobreza extrema y a su raza, y que en el
plano interno no se tienen en cuenta, a la hora de adoptar políticas
estatales, sus necesidades especiales”, dijeron en su informe.

Solo un 30% de las afrodescendientes mayores de 15 años “son activas
económicamente”, señalaron. Agregaron que por lo general “están
marginalizadas en barrios periféricos de las ciudades o/y de alta
criminalidad y pobreza, conocidos popularmente como barrios de negros”.

Muchas de estas mujeres y sus hijos son víctimas de los desalojos que el
Gobierno ha incrementado en los últimos años con el pretexto de que
ocupan espacios o inmuebles de forma ilegal.

En estos casos, el Estado “no tiene la obligación de reubicar a los
afectados, tampoco les da acceso a recursos judiciales ni repara si la
medida afecta a menores”, dijeron las abogadas.

Añadieron que los datos que publica la Oficina Nacional de Estadísticas,
lejos de ser empleados “para atenuar la situación” de triple
discriminación que sufren las mujeres afrodescendientes, “exaltan la
injusticia histórica de la cual es víctima la raza negra”. Esto “podría
alimentar más las formas contemporáneas de racismo y el prejuicio racial
en la sociedad cubana”, consideraron.

En este sentido, las activistas pidieron al Estado cubano que ofrezca a
la CEDAW información “sobre la situación y condiciones de vida de las
mujeres afrodescendientes e incorpore el enfoque de género al momento de
diseñar sus políticas públicas, tomando en cuenta las necesidades
específicas” de estas mujeres.

Asimismo, que “destine los recursos humanos y financieros suficientes y
específicos que permitan no solo combatir los prejuicios y estereotipos
raciales sino también mejorar las condiciones de vida de las personas
afrodescendientes en lo referente al acceso a la salud, vivienda,
educación y trabajo, haciendo especial hincapié en la situación de
múltiple discriminación que padecen las mujeres afrodescendientes”.

En su documento, las abogadas de Cubalex se refirieron también a la
situación de las mujeres que pertenecen a la comunidad LGBT, “ignoradas
dentro del plano interno y doblemente discriminadas”, por sexo y
orientación sexual.

Las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, “en especial las
afrodescendientes que públicamente asumen su orientación sexual, sufren
una doble discriminación en el empleo”, entre otras injusticias, dijeron.

“Son sometidas a ‘tratamientos especiales’ en su entorno laboral,
principalmente por los dirigentes de los centros de trabajo, que las
califican despectivamente como ‘machorras’”, en comparación con “las
mujeres clasificadas como ‘normales’”, señalaron.

Denunciaron que las mujeres de la comunidad LGBT son muchas veces
enviadas a puestos con “bajos salarios o que requieran mayor esfuerzo
físico, basándose en su orientación sexual. Otras veces son hostigadas
dentro del centro por los propios dirigentes para obligarlas a solicitar
baja laboral de forma ‘espontánea’”.

En general, indicaron Diversent y Flores, aún existen la Isla
restricciones para que las mujeres ejerzan el trabajo en unas 300
actividades, con el argumento de que sus características físicas no son
las adecuadas.

Las normas legales describen de forma constante a las mujeres “como
grupo débil y vulnerable y que necesita medidas extraordinarias o
‘especiales’ para participar o competir en la sociedad, lo que refuerza
actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados en
relación con las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre
en la sociedad cubana”, dijeron.

Source: “Abogadas independientes denuncian en la ONU la violencia del
Estado contra las mujeres | Diario de Cuba” –
http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1373902215_4220.html

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